Valladolid y su alfoz, como todos los grandes núcleos urbanos de la Comunidad, se ven atravesados por una densa red de vías pecuarias que a menudo coinciden literalmente con calles, y cuya existencia administrativa choca de algún modo con esta realidad. Esta convivencia, imposible desde muchas facetas, plantea numerosos problemas a los ciudadanos por el régimen jurídico singular de las vías pecuarias y por una normativa básica estatal que no tiene en cuenta estas cuestiones. Pero también se los plantea a las administraciones que deben velar por conservar unos bienes adscritos a la prestación de un servicio público (el tránsito ganadero como prioritario y característico), que no puede darse en zonas urbanas o urbanizables actualmente.

Así, en colaboración con el Ayuntamiento como administración más cercana al ciudadano, la Junta de Castilla y León acaba de aprobar la modificación de trazado de las vías pecuarias del Ayuntamiento de Valladolid. Esto, en la práctica, supone que las vías pecuarias afectadas varían sus linderos de manera que éstos quedan definidos por los límites de edificación disponibles en el instrumento de ordenación urbana. Dicho de otra manera, se ajusta la anchura de estos bienes demaniales mediante su desafectación, excluyendo los terrenos situados más allá de los alineamientos recogidos en la planificación urbanística, que es donde de ninguna manera pueden cumplir sus fines.

El Ayuntamiento recibe todos estos terrenos como patrimoniales, a cambio de los cuales cede la superficie equivalente que se incorpora a la red de vías pecuarias del término municipal, destacando en todo este proceso la creación en el monte El Rebollar de un descansadero de 34 hectáreas que pasa a ser titularidad de la Comunidad Autónoma.

La aprobación de este expediente supone un hito en la gestión de las vías pecuarias de Castilla y León, que hoy, en la medida que atraviesan casos urbanos, suponen objeto de disputa entre administraciones y ciudadanos. Así, los esfuerzos de gestión de los 31.000 Kilómetros de vías pecuarias existentes en la Comunidad podrán centrarse en mayor medida en aquellos aspectos que realmente prestan un servicio público como son el fomento de la ganadería extensiva, su papel de corredores ecológicos y por supuesto, el facilitar los usos compatibles y complementarios que ofrece el demanio cañadiego en los entornos rurales y zonas periurbanas.

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